SANTO DOMINGO.– Los imputados en la nueva línea de investigación denominada SeNaSa 2.0-A regresan este miércoles a los tribunales para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

La audiencia está pautada para las 2:00 de la tarde ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, bajo la presidencia del juez Rigoberto Sena.

El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

La audiencia había sido aplazada luego de que los abogados de la defensa pidieran más tiempo para revisar las pruebas depositadas por el Ministerio Público.

¿Qué investiga el Ministerio Público?

De acuerdo con la investigación, los imputados estarían vinculados a una supuesta estructura que habría utilizado mecanismos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para gestionar y cobrar autorizaciones correspondientes a consultas y procedimientos médicos que, según el expediente, no habrían sido realizados.

El Ministerio Público sostiene que algunas autorizaciones fueron procesadas y posteriormente facturadas a la aseguradora estatal.

El expediente incluye 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos, por un monto aproximado de RD$41.1 millones, correspondientes al período entre enero de 2021 y febrero de 2025.

Las autoridades también investigan presuntas falsificaciones y alteraciones de documentos relacionados con los servicios médicos.

Una nueva persona fue incluida

Entre los involucrados figura la médica gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades y fue incorporada al proceso.

Para ella, el Ministerio Público también solicita prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de complejidad del caso.

La investigación señala además a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado de SeNaSa, a quien el órgano persecutor atribuye un papel dentro del supuesto esquema investigado.

La defensa tendrá su turno

Durante la audiencia de este miércoles, los abogados de los imputados podrán responder a los planteamientos del Ministerio Público y cuestionar las evidencias presentadas en su contra.

La medida de coerción no determina la culpabilidad de los acusados. Su objetivo es establecer las medidas cautelares que correspondan mientras avanza el proceso judicial.

El tribunal deberá valorar los argumentos de ambas partes antes de decidir si impone prisión preventiva, otra medida de coerción o rechaza la solicitud del Ministerio Público.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar las responsabilidades individuales de las personas señaladas.