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Santo Domingo.– El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), formalizó este martes una querella con constitución en actor civil contra las personas físicas y jurídicas implicadas en el presunto fraude masivo al SENASA. La acción busca que los responsables respondan no solo penalmente, sino también civilmente, y se recuperen […]
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Santo Domingo.– El Estado dominicano, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), formalizó este martes una querella con constitución en actor civil contra las personas físicas y jurídicas implicadas en el presunto fraude masivo al SENASA. La acción busca que los responsables respondan no solo penalmente, sino también civilmente, y se recuperen los recursos supuestamente sustraídos.

La demanda civil se presenta en representación del Estado y del SENASA, sin que el ERPP cobre honorarios, trabajarán de forma pro bono, con el objetivo de no sumar costos adicionales al daño ya sufrido por los ciudadanos.

La querella alcanza a todos los imputados identificados hasta ahora por el Ministerio Público como parte del entramado: se mantienen abiertas las posibilidades de incluir más nombres conforme avance la investigación.

El documento describe el esquema de corrupción como un “atentado contra la vida y la salud” de los dominicanos, por afectar seriamente la institucionalidad del sistema de salud pública.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el fraude habría causado pérdidas al Estado por más de RD$15,900 millones, fondos que debieron destinarse a servicios médicos, medicamentos y cobertura de afiliados del seguro público.

La acusación incluye supuestos delitos graves: sobornos, desfalco de fondos públicos, falsificación de documentos, estafa, prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos.

El ERPP actuará como querellante civil, en coordinación con el Ministerio Público, para asegurar que además de la sanción penal se recupere la mayor cantidad de dinero posible.

El caso, conocido como “Operación Cobra”, podría llevar al decomiso de bienes, restitución de fondos, y reparación del daño económico y social causado por la red.

Las autoridades han subrayado que este caso representa un serio golpe a la salud pública del país y advirtieron que no habrá impunidad.

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