El juez Peinado abre juicio oral a Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo ante un jurado popular por malversación y tráfico de influencias

El magistrado asegura que Begoña Gómez "proyectaba simultáneamente su posición institucional de mujer del presidente del Gobierno, su actividad académica en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público" en beneficio propio

Madrid.— El juez Juan Carlos Peinado ordenó este lunes la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Gómez será sometida a un juicio con jurado popular ante la Audiencia Provincial de Madrid, luego de que el magistrado diera por concluida una investigación que se prolongó durante casi dos años y medio.

La decisión también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, quien será juzgada por un presunto delito de malversación.

¿De qué trata el caso?

La investigación gira principalmente alrededor de las actividades que Gómez desarrolló como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como de un software creado en el marco de ese proyecto y las funciones realizadas por su asesora, quien era empleada pública.

Según el auto judicial citado por la agencia EFE, Peinado considera que existen indicios que deben ser examinados en juicio respecto al supuesto uso de la posición institucional de Gómez, sus actividades académicas y sus relaciones con empresas y personas vinculadas al sector público.

En el caso de la malversación, el juez sostiene que existen indicios relacionados con el supuesto uso de la dedicación de su asesora para actividades que, según su interpretación, no correspondían a las funciones institucionales de su puesto.

Estos señalamientos son acusaciones que deberán ser examinadas durante el juicio y no constituyen una condena.

Fiscalía y defensa piden la absolución

La Fiscalía y las defensas de Gómez y Álvarez han solicitado que ambas sean absueltas. Por otro lado, las acusaciones populares que participan en el proceso solicitan penas de prisión para las investigadas.

El juez Peinado también rechazó una petición presentada por la defensa de Cristina Álvarez para repetir la audiencia preliminar celebrada semanas atrás, al considerar que su ausencia no produjo una situación de indefensión.

Sin prisión preventiva

En el auto de apertura de juicio oral, de 67 páginas, Peinado no impuso medidas cautelares ni fianzas a Gómez ni a su asesora.

Sin embargo, estableció que ambas deberán permanecer a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid y comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero.

El juez también ordenó recabar información sobre la capacidad económica de Gómez, incluidas sus últimas declaraciones de renta, ante las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del proceso.

La Universidad Complutense de Madrid reclama 113.509 euros por el perjuicio que considera haber sufrido, según recoge EFE del auto judicial.

El Gobierno español cuestiona la decisión

Tras conocerse la apertura del juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez criticó la decisión del magistrado y calificó la investigación de "arbitraria e injusta".

Desde el Ejecutivo español se ha defendido la inocencia de Gómez y se ha sostenido que el proceso responde a una persecución judicial relacionada con su condición de esposa del presidente.

Estas son posiciones expresadas por el Gobierno y no una conclusión judicial sobre el caso.

El caso pasa ahora a la Audiencia Provincial

Con la apertura del juicio oral termina la fase de instrucción dirigida por Peinado y el expediente será remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá encargarse de la organización del juicio y establecer la fecha de la vista.

El proceso será celebrado ante un jurado popular, tal como había determinado previamente la Audiencia Provincial al revisar la investigación.

El caso comenzó hace casi dos años y medio a partir de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias. Durante la investigación también fueron examinadas otras acusaciones, pero la Audiencia Provincial descartó que Gómez fuera juzgada por delitos como corrupción en los negocios y apropiación indebida.