Santo Domingo.– La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar y recibir un soborno en el marco de una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La decisión mantiene la medida de coerción de tres meses que cumple el representante del Ministerio Público en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, Valdez Alcántara habría exigido el pago de 10,000 dólares a un testigo vinculado a una investigación de presunta corrupción administrativa en SeNaSa. Las autoridades sostienen que el dinero fue entregado durante una operación controlada y que posteriormente fue ocupado como evidencia.

Durante la audiencia, la defensa del fiscal solicitó la variación de la medida de coerción, alegando que no existen elementos suficientes para justificar la prisión preventiva. Sin embargo, los jueces entendieron que permanecen vigentes las razones que motivaron la imposición de la medida.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, valoró la decisión de la Suprema Corte y afirmó que el proceso cuenta con evidencias que respaldan la acusación presentada contra el imputado.

Por su parte, Valdez Alcántara ha rechazado los señalamientos y asegura que es inocente de los hechos que se le atribuyen. El fiscal sostiene que enfrentará el proceso judicial para demostrar que las acusaciones carecen de fundamento.

El caso ha generado atención debido a que involucra a un miembro del propio Ministerio Público, institución encargada de perseguir los actos de corrupción y otros delitos en el país.
Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que deberá presentar nuevas evidencias durante las próximas etapas del proceso.