Santo Domingo.– El reciente acuerdo que permite a Estados Unidos utilizar de forma temporal espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) para operaciones logísticas y de apoyo en la lucha contra el narcotráfico ha generado un fuerte debate en República Dominicana, con voces encontradas entre sectores de gobierno, fuerzas políticas y organizaciones civiles.

Argumentos a favor: cooperación estratégica y lucha antidrogas

El gobierno dominicano, representado por el presidente Luis Abinader, justificó la medida como una acción necesaria para fortalecer lo que denomina “anillo de protección aérea y marítima” contra el narcotráfico, dada la ubicación estratégica del país en rutas del Caribe.

Según lo acordado, el permiso es “temporal, técnico y limitado”: solo se autoriza a aeronaves de reabastecimiento y transporte logístico (no para operaciones ofensivas), y todas las operaciones deberán contar con supervisión dominicana mediante el Ministerio de Defensa y la agencia nacional antidrogas.

Las autoridades argumentan que en los últimos años las incautaciones de drogas se multiplicaron gracias a la cooperación con EE.UU., y que esta medida facilitará la continuidad de esos esfuerzos.

Críticas: soberanía, legalidad y riesgos de injerencia

El partido Alianza País, a través de su presidente Guillermo Moreno, calificó la autorización como “violatoria” de la Constitución dominicana, advirtiendo que podría convertir al país en plataforma de operaciones militares externas contra naciones como Venezuela o Colombia.

El también partido de izquierda Frente Amplio manifestó su rechazo al acuerdo, considerándolo una “nueva claudicación” ante intereses militares extranjeros, y recordó fallos del órgano constitucional que restringen la presencia militar extranjera en territorio dominicano sin supervisión clara.

Organizaciones de ciudadano y entes históricos como Instituto Duartiano expresaron su preocupación por la cesión de espacios estratégicos del país, calificando la medida como delicada e instando a un debate profundo sobre sus implicaciones soberanas.

Contexto regional y alcance del acuerdo

El acuerdo forma parte de una estrategia internacional liderada por el Departamento de Defensa de EE.UU. para reforzar operaciones de interdicción contra redes del narcotráfico en el Caribe. Según el gobierno dominicano, el uso de San Isidro y AILA facilitará operaciones logísticas, transporte de personal técnico y reabastecimiento de aeronaves — funciones clave para apoyar misiones de vigilancia aérea y marítima en la región.

El permiso fue presentado como temporal, supervisado y regulado, bajo los acuerdos bilaterales vigentes desde 1995 y su protocolo de 2003, que permiten cooperación en operaciones de interdicción aérea y marítima con autorización previa y control dominicano.