Santo Domingo. — Las autoridades de Haití confirmaron que las elecciones generales —presidenciales y legislativas— inicialmente programadas para el 15 de noviembre de 2025 han sido aplazadas.

El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) reconocieron su incapacidad para organizar los comicios en la fecha prevista, y anunciaron que la primera vuelta se celebraría finalmente el 1 de febrero de 2026.

Motivos del aplazamiento

Los órganos responsables del proceso explicaron que el plazo original de 90 días no permitía garantizar un desarrollo “ordenado y transparente”. Las razones incluyen:

La inseguridad generalizada, particularmente en la capital, donde las pandillas controlan amplias zonas del territorio.

El deterioro institucional, con vacíos de autoridad y retos logísticos para organizar un proceso electoral libre.

La necesidad de estabilizar el entorno político y de garantizar que el nuevo gobierno electo asuma dentro del calendario de transición, cuya fecha límite es el 7 de febrero de 2026.

Repercusiones regionales

El aplazamiento tiene implicaciones más allá de Haití. La posibilidad de un vacío de poder o de un gobierno sin respaldo electoral completo genera alarma en la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha advertido que el país caribeño podría transitar hacia un “colapso institucional” si no se restablece pronto la legitimidad democrática.

Para República Dominicana y otros países vecinos, el escenario representa un foco de riesgo adicional en cuanto a seguridad, migración irregular y estabilidad compartida en la región.

Los nuevos plazos deberán definirse oficialmente: la fecha del 1 de febrero de 2026 se contempla como el nuevo inicio para la primera vuelta.

Las autoridades haitianas y los organismos internacionales deberán asegurar las condiciones para que las elecciones se efectúen de manera seria, participativa y con cobertura territorial suficiente.

El reloj de la transición sigue corriendo: el CTP debe entregar el mando antes del 7 de febrero, lo cual exige un cronograma efectivo que hoy está en riesgo.