_{La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, asegura que no habrá impunidad y que la investigación se realizará con total transparencia.}

Santo Domingo. – Un operativo policial en la avenida Olímpica, en el sector La Barranquita de Santiago, terminó con la muerte de cinco hombres este pasado miércoles, lo que ha generado alarma y debate en la ciudadanía sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó el incidente como “bochornoso, lamentable y complejo” y anunció medidas inmediatas contra los agentes involucrados.

Según la Policía Nacional, los hombres abatidos eran miembros de una organización criminal dedicada al sicariato, tráfico de armas y narcotráfico. Sin embargo, los familiares de las víctimas han negado que sus parientes estuvieran involucrados en actividades delictivas, y aseguran que al menos dos de ellos podrían haber sido víctimas colaterales.

Este hecho se produce en un contexto de crecientes preocupaciones sobre la seguridad ciudadana en Santiago y otras provincias del Cibao, donde la criminalidad organizada ha ido en aumento durante los últimos años. La polémica se centra en la forma en que se llevó a cabo el operativo y si los protocolos policiales fueron correctamente aplicados.

Medidas adoptadas

Raful informó que los agentes involucrados han sido suspendidos de inmediato y puestos a disposición del Ministerio Público, y que se realizará una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. “No habrá impunidad; el orden se construye con legalidad y justicia, y asumiremos todas las responsabilidades que el proceso determine”, dijo la ministra a través de su cuenta oficial en X.

La Procuraduría General de la República, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, ha encargado a la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, y al director de Persecución, Wilson Camacho, liderar la investigación, buscando esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho y garantizar que se actúe conforme a la ley.

El caso ha generado debate en redes sociales y en la opinión pública. Por un lado, hay quienes respaldan la versión de la Policía sobre la vinculación de los abatidos con organizaciones criminales; por otro, los familiares y organizaciones civiles exigen una investigación transparente para descartar abusos de autoridad.

Este incidente pone de manifiesto la delicada tarea de las fuerzas policiales en contextos de alta criminalidad, y la necesidad de equilibrar la seguridad ciudadana con el respeto a los derechos humanos. Las investigaciones en curso serán determinantes para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de protegerla.