Con 26 votos favorables y solo una oposición, el pleno senatorial cierra el capítulo legislativo y envía la ley al Ejecutivo para posible promulgación

Pesquisas, Santo Domingo.– El Senado de la República Dominicana aprobó ayer en una única discusión la reforma integral al Código Penal, que incorpora las 64 modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados.
La votación terminó con 26 senadores a favor y una sola protesta registrada por Antonio Taveras Guzmán, representante de Santo Domingo, quien expresó reservas sobre algunos aspectos del proyecto.
La aprobación del Senado representa un paso decisivo hacia la consolidación de uno de los cambios legales más significativos y controvertidos en el país en décadas, ya que sustituirá el código penal vigente, cuya base data del siglo XIX, y actualizará el marco sancionador para diversas conductas delictivas, incluyendo la violencia, el cibercrimen, y delitos contra menores, entre otros.
El presidente del Senado destacó la labor conjunta de ambas cámaras y la comisión bicameral que analizó exhaustivamente el proyecto, integrando propuestas de más de 60 juristas. Durante el debate, se ponderaron los ajustes que recogen la preocupación ciudadana, pero también la necesidad de disponer de leyes más claras y estrictas.
Antonio Taveras Guzmán, el único senador que votó en contra, manifestó que ciertas disposiciones aún requieren mayor discusión en materia de derechos humanos y procedimientos judiciales, especialmente en lo relacionado con criterios para la interrupción del embarazo y garantías procesales.
Con el visto bueno del Senado, el Código Penal ahora pasa al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader evalúe su promulgación o eventual observación. Si no hay vetos ni modificaciones, se prevé que la ley entre en vigencia 12 meses después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Este nuevo marco penal incluye medidas pioneras en el país, como la penalización del ciberacoso, regulaciones sobre el uso indebido de sustancias químicas, protección contra la violencia intrafamiliar con límites claros en la disciplina infantil, y protocolos para respetar la grabación ciudadana en intervenciones policiales.
Sectores legislativos y sociales observan con atención los próximos pasos, que marcarán un antes y un después en el sistema de justicia y seguridad pública dominicano.
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