_{Fiscalía acusa a militares y civiles; solicita prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.}

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra diez personas, entre militares retirados y civiles, acusadas de integrar una red de corrupción que habría pagado más de 100 millones de pesos en sobornos para conseguir y mantener contratos de seguridad en varias instituciones del Estado dominicano.

La acusación, presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, está respaldada por más de 500 pruebas documentales y testimoniales, de acuerdo con una nota oficial de la Procuraduría General de la República.

La red operaba en entidades como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las distribuidoras eléctricas , EdeEste y EdeSur. Según el expediente, los implicados violaron la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas mediante esquemas de pago de sobornos para asegurarse licitaciones de seguridad privada.

“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos. Contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados”, afirmó la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien encabeza el equipo investigador.

Imputados

Entre los acusados figuran:

• Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército.
• Andrés Pacheco Varela, coronel.
• Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel.
• Francisco Guarín Fernández, coronel.
• Elías Camaño Pérez, coronel.
• Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea.
• Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.
• Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional.
• Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario.
• Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil.

La Fiscalía solicitó que el caso sea declarado complejo por la cantidad de involucrados y la magnitud de los hechos. La investigación, que sigue abierta, surgió a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Ortiz advirtió que podrían producirse más arrestos: “Esto apenas comienza. Como en todas nuestras investigaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos”, concluyó.