Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mediante la Ley 74-24, que sustituye al anterior código vigente desde 1884. La nueva normativa, según el mandatario, representa un “avance trascendental” para la justicia dominicana al tipificar más de 70 nuevos delitos y actualizar las sanciones frente a crímenes contemporáneos.

Durante el acto de promulgación, Abinader destacó que el país no podía continuar con un código “con más de 140 años de antigüedad” y aseguró que la nueva legislación permitirá enfrentar con más eficacia problemas como la corrupción, el crimen organizado, los delitos sexuales y los crímenes de alta tecnología.

“Hoy se consagra una deuda que teníamos con la institucionalidad democrática”, expresó el jefe de Estado, acompañado de funcionarios, legisladores, representantes del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial.

Más de 70 delitos incorporados

Entre los nuevos tipos penales contemplados figuran el feminicidio, el sicariato, la corrupción administrativa agravada, los crímenes de lesa humanidad, el acoso cibernético, la violencia económica, el chantaje con inteligencia artificial, la estafa piramidal, la intermediación financiera ilegal y el autosecuestro. También se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el registro de delincuentes sexuales.

Además, se eleva la pena máxima a 60 años de prisión cuando un mismo hecho reúna varias circunstancias agravantes.

El nuevo código penal también prevé figuras como la vigilancia postpenitenciaria y mecanismos para ampliar los plazos de prescripción en delitos de corrupción.

Entrará en vigor dentro de 12 meses

La ley tendrá un período de vacatio legis de un año, lo que implica que entrará en vigencia en julio de 2026, con el objetivo de que los actores del sistema de justicia puedan adecuarse a los cambios.

El presidente Abinader concluyó su intervención señalando que este paso demuestra el compromiso del Gobierno con “la justicia y la institucionalidad democrática del país”.