_{Fiscalía revela un esquema de corrupción estatal que involucra pagos en efectivo y transferencias bancarias para asegurar contratos irregulares entre 2012 y 2020}.

Santo Domingo, República Dominicana. – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló detalles comprometedores del esquema de corrupción desmantelado bajo el nombre de Operación Lobo, en el cual la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE) entregó más de RD$15,013,008.44 en sobornos a funcionarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) a cambio de mantener contratos de seguridad bajo condiciones irregulares.

Según el expediente depositado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el esquema operó entre los años 2012 y 2020, liderado por Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur, quien habría exigido pagos ilegales para evitar fiscalizaciones sobre los contratos adjudicados a SENASE.

El Ministerio Público sostiene que los sobornos se efectuaban mediante una doble modalidad: transferencias bancarias directas y pagos en efectivo, estos últimos ejecutados por el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, también imputado, quien retiraba el dinero tras cambiar cheques emitidos por SENASE. Este mecanismo tenía como objetivo dificultar la trazabilidad de los fondos ilícitos y burlar los controles financieros.

“La modalidad combinada evidencia una estrategia premeditada para ocultar el rastro del dinero y sostener por años una estructura criminal incrustada en instituciones públicas”, precisa el expediente.

Además de Edesur, SENASE habría replicado esta práctica en otras entidades estatales como Senasa, Inaipi, EdeNorte y EdeEste, según revelaron las autoridades durante la rueda de prensa.

Los implicados enfrentan cargos por:

• Soborno
• Asociación de malhechores
• Estafa contra el Estado
• Lavado de activos

Las imputaciones están sustentadas en el Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. También se menciona la violación al artículo 146 de la Constitución de la República, que proscribe la corrupción administrativa.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para varios de los acusados y que el caso sea declarado complejo, alegando riesgo de fuga, posible destrucción de evidencias y gravedad de los delitos.

La investigación se inició tras una alerta de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y se convirtió en un operativo de amplio alcance encabezado por la PEPCA, con el apoyo de la Dirección General de Persecución.