Santo Domingo.– El Ministerio Público depositó la acusación formal y la solicitud de apertura a juicio contra 10 personas y cuatro empresas señaladas de integrar una red que habría distribuido más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en diversas instituciones del Estado, dentro del expediente de la Operación Lobo.

La acusación fue presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor solicitó que el expediente sea admitido y que se fije la audiencia preliminar para conocer el proceso. De acuerdo con la investigación, la estructura habría utilizado pagos ilícitos para garantizar la adjudicación y permanencia de contratos de vigilancia en entidades públicas.

Entre los acusados figuran exencargados de seguridad de Edesur, Edeeste, Edenorte, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa), además de representantes de empresas vinculadas al presunto esquema de corrupción.

Como contexto, la Operación Lobo fue ejecutada por el Ministerio Público en julio de 2025, cuando fueron arrestados militares retirados, civiles y empresarios durante una serie de allanamientos realizados en distintas provincias del país. En esa etapa inicial, las autoridades desmantelaron la presunta red y ocuparon evidencias que dieron origen al expediente judicial que ahora entra en una nueva fase con la presentación de la acusación formal.

Con el depósito de la acusación, el caso avanza hacia la audiencia preliminar, donde un juez determinará si existen pruebas suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo. El Ministerio Público sostiene que cuenta con evidencias documentales, financieras y testimoniales que respaldan la acusación y busca que los responsables respondan por presuntos delitos de corrupción administrativa, soborno, asociación de malhechores y lavado de activos, entre otros cargos contemplados en la legislación dominicana.