Santo Domingo. — Este martes la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló nuevos detalles del esquema de corrupción interna en SENASA, mientras solicitó prisión preventiva por 18 meses para 10 personas implicadas, entre ellos el exdirector Santiago Hazim.

Cómo funcionaba la red de corrupción

Según el expediente, durante los años 2020–2025, la estructura de corrupción funcionó mediante un comité interno, sin respaldo legal, que se encargaba de aprobar contratos y habilitaciones de prestadores privados, ignorando los controles técnicos y reglamentarios necesarios.

Los pagos millonarios se canalizaban a “empresas de carpeta” o prestadores vinculados al círculo de la red. Muchas de esas entidades facturaban servicios nunca prestados o servicios ficticios.

Los fondos desviados superan los RD$15,921 millones, de acuerdo con la acusación.

La red habría usado “programas especiales” como fachada para justificar los pagos y facilitar sobornos y lavado de activos.

Implicados y solicitud judicial

Entre los acusados figuran varios exfuncionarios, gerentes administrativos, empresarios vinculados a la salud, y prestadores privados.

Entre los detenidos y acusados figuran: Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; y varios proveedores y empresarios: Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El Ministerio Público pidió al tribunal declarar el caso como “complejo”, por la magnitud de la defraudación, y aplicar prisión preventiva a los imputados.

A los encartados se les atribuyen diversos delitos, entre ellos:

Prevaricación, coalición de funcionarios, asociación de malhechores.

Estafa contra el Estado, desfalco de fondos públicos, cobro de sobornos.

Falsificación y uso de documentos falsos, lavado de activos.

Además, según los fiscales, la red operaba mediante contratos irregulares: servicios médicos nunca prestados, facturación de pacientes inexistentes, adjudicaciones discrecionales a empresas asociadas a los acusados y programas especiales ficticios para justificar pagos multimillonarios.

Qué ha hecho la fiscalía hasta ahora

Se han realizado 12 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, bajo la operación Cobra. Más de 25 fiscales y 200 agentes policiales participan del operativo.

La Procuraduría solicitó al tribunal aplicar prisión preventiva a los imputados, y declaró el caso como “complejo” por la magnitud del supuesto fraude.

Se espera que SeNaSa actúe como parte civil demandante, con el fin de recuperar los fondos sustraídos al Estado.

El desfalco afecta directamente la confianza en el sistema de salud pública administrado por el Estado y pone en riesgo la cobertura de millones de afiliados. Si las acusaciones se confirman, se trataría de uno de los casos de corrupción más profundos del sector salud en décadas.