Santo Domingo Este.– Un video impactante difundido hoy en redes sociales revela el maltrato físico por parte de una empleada hacia una niña en el preescolar "Mi Dulce Hogar", desatando repudio generalizado y llamados urgentes a una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público y padres afectados.

Este incidente, que muestra agresiones directas a la menor, se suma a un patrón alarmante de casos similares en centros de cuido dominicanos, donde negligencia y violencia han generado traumas profundos y cuestionamientos sobre la regulación existente.

La tragedia resalta la precaria situación de niños menores de 3 años, límite para cuido preescolar establecido por la Ley 55-06 de Cuido y Desarrollo Infantil, obligados a depender de centros externos debido a la falta de guarderías en los lugares de trabajo. El Código de Trabajo (Ley 16-92) no impone esta obligación, dejando a miles de madres y padres trabajadores sin alternativas seguras cerca de sus empleos y expuestos a riesgos como los de Mi Dulce Hogar, donde la supervisión de INAIPI parece insuficiente.

Especialistas coinciden en que la solución debe iniciar en las instituciones públicas dominicanas, donde una masa crítica de servidores labora diariamente sin apoyo para el cuido infantil. Entidades como el MAP, ministerios y oficinas estatales concentran a gran parte de la fuerza laboral pública, y implementar guarderías internas aquí generaría un precedente ejemplar: normas estrictas, vigilancia constante por padres empleados y estándares de calidad certificados, facilitando luego su extensión al sector privado con incentivos fiscales.

ProlactarRD elevó este debate al presentar en marzo de 2026 ante la Cámara de Diputados la "Alianza por la Corresponsabilidad Laboral", abogando por guarderías obligatorias en empresas públicas y privadas para niños hasta 3 años, junto a extensiones de licencias parentales. Aunque la Ley 87-01 (Art. 134) menciona "Estancias Infantiles" sin mandatos específicos, ni el MAP ni el Congreso han aprobado iniciativas focalizadas en el sector estatal, pese a proyectos académicos viables como guarderías universitarias que demuestran factibilidad técnica.

Con protocolos de INAIPI activados y notificaciones al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de la Mujer, padres demandan cierre inmediato de Mi Dulce Hogar y sanciones drásticas. Organizaciones internacionales destacan que priorizar el Estado como modelo –similar a decretos en países vecinos– rompería el ciclo de abusos en cuido informal, impulsando productividad y equidad de género en un RD con alta participación femenina laboral. ​