Santo Domingo.– El Gobierno del presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional dos nuevos contratos de préstamo por US$465.5 millones, recursos que serían destinados a financiar proyectos de seguridad vial y gestión ambiental en la cuenca del río Yuna, en caso de recibir la aprobación legislativa.

Uno de los empréstitos, por US$265.5 millones, fue suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, iniciativa que contempla acciones para reducir el riesgo de inundaciones, fortalecer la gestión del agua y promover prácticas agrícolas resilientes al cambio climático.

El segundo financiamiento, por US$200 millones, respaldará la implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial. El programa será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el propósito de intervenir carreteras, reforzar la seguridad en entornos escolares, mejorar la fiscalización y fortalecer la atención a víctimas de accidentes de tránsito.

La solicitud llega en momentos en que el endeudamiento público vuelve a ocupar espacio en el debate nacional. En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso varios contratos de préstamos para financiar distintos programas de inversión, una práctica que sectores económicos y políticos consideran necesaria para impulsar proyectos de desarrollo, mientras otros insisten en la necesidad de un mayor control sobre el ritmo de contratación de deuda y la ejecución de los recursos.

Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado evaluar los contratos y determinar si cumplen con las condiciones técnicas, financieras y de conveniencia para el Estado dominicano. El análisis legislativo también pondrá sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la inversión pública y el incremento de la deuda.

Los proyectos contemplados en ambos préstamos buscan atender necesidades identificadas desde hace años, como la reducción de los accidentes de tránsito, uno de los principales problemas de salud pública del país, y la mitigación de inundaciones en la cuenca del río Yuna. Sin embargo, el principal desafío será garantizar que los recursos, de ser aprobados, se traduzcan en obras ejecutadas con eficiencia, transparencia y resultados medibles para la población.