EE.UU.– Un regidor del Distrito Nacional y un general retirado de la Policía Nacional dominicana admitieron su culpabilidad ante una corte federal de los Estados Unidos por su participación en una red internacional de narcotráfico que operó entre 2020 y 2022, dedicada al envío de cocaína desde la República Dominicana hacia territorio estadounidense.

Se trata del edil Edickson Herrera Silvestre y del general retirado William Durán Jerez, quienes enfrentaron procesos judiciales en el Distrito Sur de Florida, donde aceptaron cargos por conspiración para traficar drogas, como parte de acuerdos de cooperación con las autoridades federales.

Condenas y cooperación judicial

Herrera Silvestre fue sentenciado a 87 meses de prisión (siete años y tres meses), además de dos años de libertad supervisada, luego de declararse culpable de participar en la estructura criminal. La pena fue impuesta por la jueza Beth Bloom, quien valoró el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la gravedad de los hechos imputados.

Por su parte, el general retirado William Durán Jerez también admitió su responsabilidad en el mismo entramado criminal y fue condenado previamente a 87 meses de prisión, tras aceptar colaborar con las autoridades estadounidenses proporcionando información clave sobre el funcionamiento de la red y otros posibles implicados.

Ambos acuerdos contemplan la cooperación plena con los fiscales federales, incluyendo la entrega de información, documentos y testimonios que permitan avanzar en otros procesos vinculados al caso.

Estructura de la red criminal

De acuerdo con los expedientes judiciales, la organización se dedicaba a coordinar el transporte de cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia la República Dominicana, donde eran almacenados y posteriormente enviados por vía marítima hacia el sur de la Florida. La red operaba con una estructura organizada, rutas definidas y logística destinada a evadir a las autoridades.

Las investigaciones señalan que los implicados utilizaban contactos, recursos y facilidades para garantizar el traslado de la droga, a cambio de pagos y beneficios económicos derivados del tráfico ilícito.
Impacto institucional

El caso ha generado amplio debate público debido a que involucra a un funcionario electo y a un alto oficial retirado, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en espacios de poder y la necesidad de reforzar los controles éticos y legales en el ejercicio de la función pública.

En el ámbito local, Herrera Silvestre había sido suspendido de manera provisional de sus funciones como regidor mientras enfrentaba el proceso judicial en el extranjero. Hasta el momento, no se ha informado sobre una destitución definitiva, aunque la sentencia en Estados Unidos marca un punto determinante en su situación legal.

Las autoridades estadounidenses continúan las investigaciones relacionadas con esta red, sin descartar nuevas imputaciones contra otros posibles involucrados.