La iniciativa plantea que retirar una denuncia o reconciliarse con el presunto agresor no sea motivo suficiente para archivar un caso. El proyecto fue depositado en el Congreso Nacional para su estudio.

Santo Domingo.– El proyecto de Ley Mirabal busca evitar que las investigaciones por violencia contra las mujeres queden paralizadas cuando una víctima retira una denuncia o decide reconciliarse con el presunto agresor, al establecer que esas circunstancias no extingan automáticamente la acción penal.

La iniciativa, denominada Ley Orgánica de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, fue depositada el 13 de octubre ante la Cámara de Diputados por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, junto a representantes del sector legislativo.

La propuesta procura fortalecer la respuesta del Estado frente a distintas manifestaciones de violencia y coordinar la actuación de las instituciones responsables de prevenir, investigar, atender y sancionar estos casos. <Cite refs={["turn511194search0″,"turn511194search11″]} />

Retirar la denuncia no bastaría para cerrar el expediente

El proyecto plantea que la decisión de una víctima de desistir de una denuncia o reconciliarse con el señalado agresor no sea suficiente, por sí sola, para cerrar el proceso judicial.

La medida busca responder a situaciones en las que las amenazas, las presiones familiares, el temor a nuevas agresiones o la dependencia económica pueden influir en la decisión de una mujer de abandonar una denuncia.

Con este planteamiento, las autoridades tendrían que valorar los elementos disponibles en cada caso y actuar conforme a las disposiciones legales, respetando las garantías del debido proceso.

La iniciativa todavía debe recorrer el trámite legislativo correspondiente. Por tanto, sus disposiciones no deben interpretarse como normas ya vigentes.

El proyecto incorpora nuevas formas de violencia

La Ley Mirabal también propone incorporar y abordar expresamente distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia vicaria, la violencia digital, la violencia económica y la violencia política.

La violencia vicaria ocurre cuando una persona utiliza a los hijos u otros seres queridos para causar daño emocional a una mujer, controlar sus decisiones o castigarla.

En el ámbito digital, la propuesta busca fortalecer la respuesta ante agresiones cometidas mediante tecnologías, mientras que en el político procura atender conductas que obstaculicen o coaccionen la participación de las mujeres en la vida pública.

El proyecto reúne iniciativas legislativas previas y plantea una respuesta integral que articule a las instituciones de justicia, seguridad, salud y protección social. <Cite refs={["turn511194search11″,"turn511194search4″]} />

Propone sanciones para la violencia vicaria

Entre los aspectos contemplados figuran sanciones para quienes lesionen, amenacen o priven de libertad a hijos u otras personas cercanas a una mujer con el propósito de hacerle daño.

El texto también propone penas más severas cuando la violencia vicaria termina en la muerte de un hijo o de otra persona utilizada para causar sufrimiento a la víctima.

Estas disposiciones forman parte del contenido sometido al Congreso y deberán ser evaluadas durante la discusión legislativa, antes de cualquier eventual aprobación.

¿Qué sigue ahora?

Tras el depósito del proyecto, corresponde a la Cámara de Diputados determinar su curso legislativo y el proceso de estudio que seguirá la iniciativa.

El Gobierno ha solicitado que la propuesta sea conocida con prioridad, mientras el Congreso deberá examinar su contenido y decidir sobre su aprobación, modificación o rechazo.

La Ley Mirabal busca establecer mecanismos más coordinados de prevención y protección, así como fortalecer la investigación y la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres. Su alcance definitivo dependerá del texto que resulte del debate congresual y de su eventual aprobación.