Pedro Espinal Arthur fue extraditado a Puerto Rico junto a otro dominicano por cargos de narcotráfico y lavado de activos

Santo Domingo.– El excapitán de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Pedro José Espinal Arthur, es acusado por autoridades federales de Estados Unidos de participar en un esquema de narcotráfico y lavado de dinero que incluía la conversión de efectivo en criptomonedas para ocultar su origen ilícito.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en el Distrito de Puerto Rico, el imputado habría operado entre abril de 2021 y enero de 2022 en una red que se encargaba de recibir ganancias del narcotráfico en efectivo, convertirlas en criptomonedas y transferirlas, con el fin de encubrir la procedencia de los fondos.
Espinal Arthur fue arrestado en República Dominicana el 13 de enero de 2026 y extraditado a Puerto Rico el 11 de marzo del mismo año, tras la autorización del Poder Ejecutivo mediante decreto.
El exmilitar, quien se desempeñaba como coordinador en el Aeropuerto Internacional de La Romana hasta 2024, enfrenta seis cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos, incluyendo conspiración para distribuir cocaína y facilitar operaciones financieras ilícitas.
Otro dominicano implicado
En el mismo caso, también fue extraditado el dominicano Luis Manuel Febles Peralta, mientras que su hermano, Germán E. Arredondo Peralta, fue arrestado en Puerto Rico.
Según las autoridades, entre enero y julio de 2022 estos habrían participado en un esquema similar, donde el dinero del narcotráfico era transformado en criptomonedas para dificultar su rastreo por parte de los organismos de control.
Además, los implicados enfrentan un proceso de decomiso por más de 2.7 millones de dólares vinculados a operaciones de lavado de dinero.
Posibles condenas
De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas mínimas de 10 años de prisión hasta cadena perpetua por narcotráfico, así como condenas adicionales de hasta 20 años por lavado de activos, según la legislación federal estadounidense.
Este caso evidencia el uso creciente de las criptomonedas dentro de estructuras del crimen organizado, lo que representa nuevos retos para las autoridades en la persecución del narcotráfico y el lavado de dinero a nivel internacional.
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