BARCELONA, España — A menos de tres semanas de unas elecciones nacionales que podrían catapultar a la extrema derecha al poder, millones de trabajadores españoles se declaran en huelga este miércoles para exigir al gobierno que solucione la crisis de vivienda que atraviesa el país.

La huelga general —la primera en España en 14 años— está provocando retrasos en el transporte público y ralentizando la actividad en las fábricas de la cuarta economía más grande de la eurozona. Según se informa, muchos centros educativos han cerrado o funcionan a mínima capacidad. En la capital, Madrid, esto se suma a la huelga que los docentes iniciaron hace casi un mes para exigir mejores condiciones laborales.

En Barcelona, ​​la segunda ciudad más grande del país, el transporte público se paralizó o sufrió largas demoras durante la hora punta de la mañana. En Madrid, donde cayeron fuertes lluvias por la mañana, los autobuses urbanos fueron los más afectados. Los sindicatos han convocado a los trabajadores madrileños a manifestarse por el centro de la ciudad el miércoles por la tarde. También se han previsto marchas y concentraciones en Barcelona y otras ciudades.

Los dos principales sindicatos que convocaron la huelga, UGT y CCOO, afirmaron en un comunicado que la participación fue generalizada, "con importantes paros laborales en sectores estratégicos": el 90% en los sectores de la automoción y los puertos, el 85% en la industria cárnica, el 82% en la recogida de residuos y el 75% en el sector energético.

"Es sumamente importante recordar a la gente que nosotros, los trabajadores —que también somos inquilinos o pagamos hipotecas— somos quienes tenemos el poder de detener la producción y paralizar la economía", declaró Sandra Mora, portavoz del Sindicato de Inquilinos, a la emisora ​​de radio nacional RNE.

En las primeras horas de la huelga se registraron incidentes menores, como bloqueos de carreteras —algunos con neumáticos en llamas— en Barcelona, ​​y altercados entre piqueteros y policías cerca del principal mercado mayorista del país, en las afueras de Madrid.

Horas antes, justo a medianoche del miércoles, los trabajadores en huelga lanzaron fuegos artificiales mientras se congregaban en plazas públicas de Barcelona.

Trabajadores y activistas exigen una mayor intervención gubernamental en materia de vivienda.

La huelga del miércoles ha reunido a trabajadores, activistas, políticos y ciudadanos españoles en torno a un mismo interés: la vivienda asequible. El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años, mermando la economía familiar y provocando la indignación de los votantes.

"Hay un tema que divide al país: la lucha por acceder a la vivienda", declaró Unai Sordo, secretario general de CCOO, en la emisora ​​de radio Cadena Ser.

La indignación pública por la situación de la vivienda alcanzó su punto álgido tras el desahucio, retransmitido a nivel nacional, de una anciana de 87 años de su casa en Madrid el mes pasado. El posterior fallecimiento de Maricarmen, como se la conoció, provocó aún más indignación y la consagró como símbolo de los españoles que sienten que pagan alquileres desorbitados y ni siquiera pueden soñar con tener una vivienda propia.

Los activistas por la vivienda aprovecharon el revuelo causado por el desalojo de Maricarmen para convocar una huelga general. Pronto consiguieron el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO.

Los activistas por la vivienda exigen varias medidas, entre ellas la eliminación de los apartamentos turísticos, una represión contra la especulación inmobiliaria y la protección de los inquilinos mediante la renovación automática de los contratos de alquiler.

Los sindicatos UGT y CCOO exigen una mayor intervención del gobierno en el mercado inmobiliario y un nuevo acuerdo sobre el salario mínimo mediante conversaciones con la asociación de empresarios.

La izquierda española espera volver a centrar la atención en la vivienda.

Las protestas a nivel nacional por el desahucio de Maricarmen impulsaron al gobierno español a aprobar medidas de emergencia para limitar los desahucios y ayudar a los inquilinos, pero los partidos de derecha en el Parlamento se negaron a ratificarlas alegando que provocarían una fuga de viviendas del mercado de alquiler.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió redoblando su apuesta política y convocando elecciones para el 5 de octubre, con la esperanza de conseguir cuatro años más en el poder para su coalición de izquierdas.

Pero entonces se produjo una brutal colisión de trenes de alta velocidad: el segundo accidente ferroviario mortal del año en España. Ese choque, que dejó 69 muertos, ha acaparado la atención de los medios españoles y ha frenado la campaña de Sánchez justo cuando esperaba ganar impulso.

La huelga —con su lema oficial "Salarios. Vivienda. Precios."— representa una oportunidad para los socialistas de Sánchez y los demás partidos de la izquierda que él necesitará para mantenerse en el poder, según el analista Oriol Bartomeus.

"Los socialistas necesitan que la huelga sea un éxito y que no haya violencia para que la campaña electoral pueda volver a centrarse en la vivienda", declaró Bartomeus, profesor de ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​a la agencia Associated Press.

El jueves, el gobierno intentará nuevamente que un Parlamento interino reducido ratifique los dos decretos de vivienda que la cámara baja en pleno rechazó el mes pasado.

Esta semana, Sánchez publicó un extenso vídeo en las redes sociales en el que elogiaba las políticas sociales anteriores, como la semana laboral de 40 horas y el seguro nacional de salud, que fueron fruto del movimiento obrero y del derecho a la huelga.

"No fue fácil, pero cambiaron España", dijo Sánchez, al tiempo que advertía que los partidos de derecha traerían consigo austeridad y servicios sociales con financiación insuficiente.

Verónica Martínez, portavoz de Sumar, el miembro más joven del gobierno, declaró por separado: "La izquierda necesita que los trabajadores de este país se movilicen. Los derechos se conquistan primero en las calles y luego en las instituciones".

La derecha podría beneficiarse si la huelga se torna violenta.

El tradicional Partido Popular, de tendencia conservadora, y el partido de extrema derecha Vox se oponen a cualquier intervención gubernamental en el mercado inmobiliario, salvo la de incentivar la construcción de nuevas viviendas.

Ambos argumentan además que los sindicatos están tratando de ayudar a Sánchez a mantenerse en el cargo, a pesar de que meses de encuestas muestran que los votantes se inclinan hacia la derecha.

"Esta huelga no es una huelga general; es una huelga electoral", declaró el martes Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular.

Si la huelga degenera en violencia, los partidos de derecha, que ya han unido fuerzas para gobernar en algunas regiones españolas, podrían beneficiarse, afirmó Bartomeus.

España, al igual que otros países europeos, suele tener protestas públicas pacíficas que los grupos radicales aprovechan para enfrentarse a la policía y destruir propiedades.

"Tanto el Partido Popular como Vox quieren que la huelga sea un fracaso y que termine con escenas de contenedores de basura en llamas y escaparates destrozados", dijo Bartomeus, "para que a la mañana siguiente puedan decir: 'Esto es un caos y venimos a restablecer el orden'".