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La medida busca prevenir el ingreso de armas y otros objetos peligrosos a los centros educativos, pero las revisiones deberán cumplir protocolos y respetar los derechos de los alumnos. Santiago de Chile.– El Gobierno de Chile promulgó este miércoles la ley “Escuelas Protegidas”, una nueva normativa que entrega mayores herramientas a los establecimientos educativos para […]
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La medida busca prevenir el ingreso de armas y otros objetos peligrosos a los centros educativos, pero las revisiones deberán cumplir protocolos y respetar los derechos de los alumnos.

Santiago de Chile.– El Gobierno de Chile promulgó este miércoles la ley “Escuelas Protegidas”, una nueva normativa que entrega mayores herramientas a los establecimientos educativos para enfrentar situaciones de violencia y prevenir el ingreso de objetos peligrosos a las escuelas.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que los colegios incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, con el objetivo de impedir el ingreso, uso o porte de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.

La medida, sin embargo, no autoriza revisiones indiscriminadas. La normativa establece condiciones para proteger derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y la no discriminación, además del interés superior de niños y adolescentes.

¿Qué podrán revisar?

Los establecimientos podrán establecer en sus reglamentos procedimientos para revisar mochilas, bolsos y otros efectos personales, pero las revisiones deberán realizarse bajo las condiciones establecidas por cada institución y respetando las garantías contempladas en la ley.

La iniciativa busca principalmente detectar y evitar el ingreso de armas, drogas u otros elementos que puedan representar un peligro para estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad educativa.

Además, la legislación contempla otras herramientas relacionadas con la seguridad y convivencia escolar, incluyendo mayores facultades para actuar ante situaciones de violencia dentro de los centros educativos.

Una ley impulsada en medio de preocupación por la violencia

El proyecto fue impulsado después de una serie de hechos violentos registrados en establecimientos educativos chilenos. Uno de los episodios que aceleró la discusión fue un ataque ocurrido en Calama, donde una inspectora murió y otras personas resultaron heridas.

Durante la tramitación del proyecto también se registraron debates sobre hasta dónde podían llegar las facultades de los colegios para revisar las pertenencias de los estudiantes y cómo garantizar que estas medidas no vulneraran derechos fundamentales.

La normativa fue finalmente promulgada este miércoles por el presidente José Antonio Kast, quien presentó la iniciativa como parte de las medidas destinadas a recuperar la seguridad y el orden dentro de los establecimientos educativos.

Con la entrada en vigor de la ley, corresponderá ahora a los colegios adaptar sus reglamentos internos y establecer los procedimientos mediante los cuales podrán aplicar las nuevas facultades.

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