Gobierno defiende el memorando mientras oposición y analistas cuestionan el alcance del pacto migratorio

Santo Domingo.– El acuerdo firmado entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir temporalmente deportados de terceros países ha generado un amplio debate político y social en torno a la soberanía nacional, la transparencia del proceso y el alcance real del memorando suscrito entre ambos gobiernos.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este martes que el convenio no compromete la soberanía dominicana y afirmó que el Gobierno “nunca hará nada que pueda poner en riesgo” los intereses nacionales.

Paliza explicó que el acuerdo consiste en un memorando de entendimiento “no vinculante” firmado en el marco de la iniciativa regional denominada “Escudo de las Américas”, mediante la cual República Dominicana aceptará de manera temporal y excepcional a un número limitado de extranjeros deportados desde Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, las personas admitidas deberán estar en condición de tránsito, no poseer antecedentes penales y serán evaluadas caso por caso. Además, el acuerdo excluye expresamente a ciudadanos haitianos y menores de edad no acompañados.

El Gobierno dominicano indicó que Estados Unidos aportará respaldo financiero y operativo para garantizar la permanencia temporal de estas personas y facilitar posteriormente su retorno a sus países de origen.

Sin embargo, el convenio ha provocado cuestionamientos desde sectores políticos y sociales. El dirigente del PLD José Dantés Díaz criticó la falta de transparencia alrededor del acuerdo y pidió que se expliquen públicamente sus implicaciones.

Analistas y comentaristas también han planteado preocupaciones sobre posibles efectos migratorios y sobre el precedente que podría establecer el pacto dentro de la política exterior dominicana.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, afirmó que el acuerdo respetará plenamente la legislación y la soberanía dominicana, además de aplicarse bajo procedimientos fronterizos vigentes.

El convenio surge en medio de la política migratoria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha promovido acuerdos similares con otros países para facilitar deportaciones de migrantes indocumentados de terceros territorios.

Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una medida temporal y controlada, el tema continúa generando reacciones divididas en la opinión pública dominicana.