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Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, decidió observar y devolver al Congreso Nacional el proyecto de ley que autoriza al Estado dominicano a saldar deudas pendientes con contratistas, algunas de ellas acumuladas durante décadas, tras identificar observaciones que deben ser revisadas por los legisladores antes de su eventual promulgación. La pieza legislativa […]
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Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, decidió observar y devolver al Congreso Nacional el proyecto de ley que autoriza al Estado dominicano a saldar deudas pendientes con contratistas, algunas de ellas acumuladas durante décadas, tras identificar observaciones que deben ser revisadas por los legisladores antes de su eventual promulgación.

La pieza legislativa había sido aprobada recientemente por el Senado y la Cámara de Diputados, con el objetivo de regularizar compromisos económicos del Estado con ingenieros, constructores y suplidores que ejecutaron obras públicas en gestiones anteriores, incluso en casos donde no existían contratos formalizados bajo los marcos actuales de la Ley de Compras y Contrataciones.

Con la decisión del Poder Ejecutivo, la ley no entra en vigencia por el momento, ya que deberá regresar al Congreso para que las cámaras legislativas conozcan las observaciones presidenciales y decidan si acogen las modificaciones sugeridas o si ratifican el texto original.

De acuerdo con los procedimientos constitucionales, el Congreso puede aprobar la ley nuevamente con los cambios propuestos o insistir en su versión inicial, lo que definiría el curso final de la iniciativa.

Sectores vinculados a la construcción y la ingeniería habían expresado expectativas favorables con la aprobación de la normativa, al considerar que permitiría saldar compromisos económicos pendientes desde hace más de 20 y hasta 30 años. No obstante, el Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de que cualquier pago se realice con criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

Ahora, el proyecto queda en manos del Congreso Nacional, que deberá decidir los próximos pasos en torno a una ley que ha generado amplio debate por su impacto financiero y por los precedentes administrativos que podría establecer.

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