Santo Domingo. – El sector empresarial dominicano ha hecho un llamado a regular y fiscalizar con rigor los aportes privados a campañas políticas, luego de que líderes del sector expresaran su preocupación por el origen y la transparencia de dichos fondos. Esta petición resurge en momentos clave, en medio de debates sobre el financiamiento electoral en el país.

Empresarios señalan que muchos recursos dirigidos a partidos y candidatos deben estar bajo mayor supervisión para evitar el ingreso de fondos “oscuros” o ilícitos. Según ellos, un adecuado régimen de fiscalización sería un paso hacia una democracia más transparente y responsable.

Según la propuesta, tanto partidos como candidatos deben estar bajo escrutinio para garantizar que los aportes provengan de fuentes lícitas, evitando influencias indebidas sobre los procesos electorales.

Este reclamo se da justo cuando la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral establece límites al gasto de las campañas y obliga a la rendición detallada de ingresos y gastos por parte de los partidos. Entre los mecanismos legales para controlar el financiamiento predomina la obligación de reportar a la Junta Central Electoral (JCE).

Analistas coinciden en que la regularización planteada por el empresariado podría fortalecer el sistema electoral dominicano y prevenir el uso de dinero con fines políticos, especialmente en un ambiente donde la fiscalización es clave para evitar que intereses privados o criminales influyan en las elecciones.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han exigido sanciones más severas y mecanismos más efectivos de transparencia para que los aportes privados no comprometan la independencia del Estado ni del proceso electoral.