Santo Domingo. — Santo Domingo. — Una bancada de diputados ha reactivado un proyecto de ley con el que pretenden eliminar la propina obligatoria del 10 % que se añade en las cuentas de consumo en restaurantes, bares y cafeterías, al momento en que el Senado debate aplicarlo también a las órdenes llevadas a domicilio.

La polémica ha dividido a nivel nacional a los legisladores, a los usuarios y a los trabajadores del rubro servicio quienes tienen posturas muy opuestas de si la propina debe continuar siendo un cobro automático o si es una gratificación voluntaria.

Por tanto, según el Código de Trabajo, en cada factura por consumo en un establecimiento se debe cobrar al cliente una propina equivalente al 10%, que luego debe repartir entre el personal la empresa.

La impresión de que tales servicios no han de prestarse el día de hoy está condicionada a la interpretación y a las propias restricciones de una sentencia análoga de 2021 de la Suprema Corte de Justicia, que así resolvió echarse para atrás en algunas de sus posiciones anteriores: que cargos como el de la propina no pueden añadirse a pedidos para llevar, recolectar, o entregas a domicilio, porque no hay atención directa, o uso de las instalaciones para el servicio.

A pesar de ese fallo, en la nueva redacción de la reforma laboral que fue aprobada en particular en el Senado, se incorporó un artículo que permitiría hacer extensiva la propina obligatoria también para otros canales de venta, lo que generó el rechazo unánime de consumidores y representantes del comercio no formal.

Son muchos los ciudadanos que opinan que la propina debe ser una muestra de gratitud voluntaria y no una carga fiscal aplicada. Sostienen que el consumidor debe tener el derecho a elegir si paga o no ese 10%,en función de la calidad del servicio que recibió.

“Una propina se gana, no se impone”, opinó una consumidora consultada por Pesquisas Digital, reflejando el sentir de gran parte de la población que se manifiesta en redes sociales y foros públicos.

Otros ciudadanos destacan que esta disposición afectaría sobre todo a quienes hacen pedidos por delivery, pues ya pagan recargos adicionales por servicio y transporte. También señalan la falta de transparencia en la distribución de la propina, ya que en muchos casos no llega completa al personal de servicio.

Un tema que toca al bolsillo

El debate sobre la propina obligatoria no solo tiene un componente legal, sino también económico.
Para los consumidores, representa un costo adicional en un contexto de aumento de precios; para los empleados del sector servicios, es una fuente de ingreso importante.

El reto, según analistas consultados, será encontrar un equilibrio justo: garantizar que los trabajadores sean compensados de manera digna, sin imponer al consumidor un cobro que debería depender de la satisfacción y la calidad del servicio recibido.