Pesquisas, Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y por unanimidad el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, que establece límites fundamentales para regular las relaciones entre propietarios e inquilinos en República Dominicana. Entre las disposiciones más relevantes, la iniciativa fija un máximo de tres depósitos como garantía para alquilar una vivienda y limita el aumento anual del precio de la renta al 10%, buscando evitar incrementos arbitrarios que afecten a los arrendatarios.

El proyecto, impulsado por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, fue aprobado a pesar de que el plazo para su aprobación definitiva vence en ocho días. Para que no caduque, el Senado deberá conocerlo y aprobarlo antes del 26 de julio, último día de la legislatura ordinaria.

Esta nueva legislación incluye además la creación de una jurisdicción especializada para casos de desahucios, sanciones que podrían llegar a cinco años de prisión por desalojos ilegales y establece procedimientos judiciales más ágiles para proteger los derechos de ambas partes.

El texto incorpora modificaciones tras vistas públicas celebradas el 3 de julio, donde se tomaron en cuenta reclamos de diversos sectores sociales, incluyendo limitaciones en el número de depósitos solicitados y la regulación sobre el reajuste de precios.

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) ha manifestado su apoyo al proyecto, destacando que la ley puede ampliar el acceso a viviendas en alquiler y mejorar la calidad del mercado, estimando que una normativa clara fomentará mayor inversión y competencia, lo que podría resultar en precios más accesibles para los inquilinos y mejores condiciones en los inmuebles disponibles.

Pese a los avances, algunos sectores sociales mantienen críticas y solicitan ajustes que garanticen un mejor equilibrio entre derechos y obligaciones. El proyecto también contempla mecanismos para el registro formal de contratos y depósitos en entidades bancarias, que aportan mayor seguridad jurídica.

El Congreso se encuentra en la etapa final de debate y discusión para consolidar esta norma, que busca poner fin a décadas de informalidad y regulaciones obsoletas en el mercado de alquiler dominicano, y asegurar un marco legal justo y moderno para propietarios e inquilinos por igual.

Esta ley, de ser aprobada definitivamente en los próximos días, marcaría un hito en la historia legislativa dominicana para el mercado de alquileres, con impactos directos en la estabilidad y accesibilidad habitacional del país.