Pesquisas, Santo Domingo.– Un total de 132 pacientes dominicanos, muchos de ellos con enfermedades graves como artritis reumatoide, se encuentran en la lista de espera del Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) desde el año 2023.

A pesar de cumplir con los requisitos y ser elegibles para recibir los tratamientos, estos pacientes no han obtenido aún la carta de aprobación necesaria para acceder a los medicamentos. De los 132 casos, solo 18 han recibido dicha carta, lo que ha generado preocupación y desesperación entre los afectados.

Durante una protesta realizada frente a las oficinas del PMAC, Natividad Marte, vicepresidenta del Comité de Pacientes de Artritis Reumatoide (Copar-Lea), expresó: “Tenemos pacientes desde 2023 y 2024 que aún no han recibido su carta para medicarse.

Cada día que pasa, su salud se deteriora”. Los manifestantes denunciaron que algunos pacientes están “atrofiados” y “muriéndose” debido a la falta de acceso oportuno a los tratamientos.

Esta situación ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores. El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Jesús Batista Suriel, calificó el acceso a estos medicamentos como un “privilegio” para unos pocos, mientras que miles de familias, especialmente de clase media y escasos recursos, enfrentan el doloroso sacrificio de pagar con sus vidas. “No se trata simplemente de adquirir un medicamento; se trata de salvar vidas”, afirmó Batista Suriel.  

A pesar de los esfuerzos del gobierno, que ha invertido más de 7 mil millones de pesos en el programa durante el año 2024-2025, la falta de eficiencia en la distribución y la burocracia continúan siendo obstáculos significativos.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que han triplicado la cantidad de pacientes activos que reciben medicamentos de alto costo, pero reconoció que aún persisten desafíos en la logística y la gestión.

La crisis en el PMAC refleja una problemática más amplia en el sistema de salud dominicano, donde la falta de acceso a tratamientos esenciales se ha convertido en una cuestión de justicia social. Organizaciones de la sociedad civil y pacientes afectados exigen soluciones efectivas y un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos.