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Santo Domingo.– El juez Raymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este lunes la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, al considerar que existen elementos suficientes para que respondan ante un tribunal por la tragedia ocurrida el […]
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Santo Domingo.– El juez Raymundo Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este lunes la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, al considerar que existen elementos suficientes para que respondan ante un tribunal por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025, cuando el colapso del techo del establecimiento dejó 236 muertos y más de 180 heridos.

Sin embargo, más que el envío a juicio, la principal controversia gira en torno a que el magistrado mantuvo la calificación jurídica de homicidio involuntario, la misma presentada por el Ministerio Público, rechazando los reclamos de familiares de víctimas y abogados querellantes que solicitaban una acusación más grave.

De acuerdo con explicaciones jurídicas expuestas durante el proceso, si los imputados fueran hallados culpables bajo la figura de homicidio involuntario, la pena podría alcanzar hasta dos años de prisión. Esa posibilidad ha provocado indignación entre familiares de las víctimas, quienes consideran que la magnitud de la tragedia amerita sanciones más severas.

Durante las audiencias, los querellantes insistieron en que el caso debía ser conocido bajo una figura cercana al homicidio voluntario por dolo eventual, argumentando que existían señales previas de deterioro estructural y que los responsables habrían tenido conocimiento de riesgos asociados a la operación del local. La defensa rechazó esa interpretación y sostuvo que nunca existió intención de provocar el colapso.

El juez también rechazó imponer prisión preventiva a los hermanos Espaillat y mantuvo las medidas de coerción que ya pesaban sobre ellos, incluyendo garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Asimismo, permanecen vigentes medidas de inmovilización y embargo sobre bienes vinculados al proceso.

La investigación del Ministerio Público sostiene que los propietarios incurrieron en negligencia al no intervenir adecuadamente la estructura del establecimiento pese a señales de deterioro que, según la acusación, eran conocidas con anterioridad. Los fiscales también han señalado que cuentan con numerosas evidencias y testimonios para sustentar el expediente.

La tragedia del Jet Set es considerada una de las peores ocurridas en la historia reciente de República Dominicana. El desplome se produjo durante una presentación artística a la que asistían cientos de personas y entre las víctimas figuraban figuras reconocidas de la música, el deporte y otros sectores de la vida nacional.

Con la apertura a juicio de fondo, el caso entra ahora en una nueva etapa procesal en la que el Ministerio Público, los querellantes y la defensa presentarán sus pruebas ante el tribunal que tendrá la responsabilidad de determinar si existe responsabilidad penal por la tragedia. Hasta el momento no se ha informado la fecha en que iniciará el juicio.

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