Una pareja de dominicanos enfrenta cargos federales en Puerto Rico por presuntamente dirigir una red de sextorsión que utilizaba fotografías y videos íntimos para exigir dinero a sus víctimas bajo amenazas de divulgar ese material entre sus familiares y amigos.

Los acusados fueron identificados como Patricia Joanna Almonte-Frías y Rineldys Feliciano Díaz-Cuevas, quienes, según la Fiscalía Federal de Estados Unidos, operaban desde República Dominicana y contactaban a sus víctimas mediante Facebook, WhatsApp y otras plataformas digitales.

Ambos fueron arrestados en territorio dominicano el 19 de agosto de 2026, a solicitud de las autoridades estadounidenses, y extraditados a Puerto Rico el 30 de septiembre. La información fue confirmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Captaban a las víctimas a través de las redes sociales

De acuerdo con los documentos judiciales citados por la Fiscalía, Almonte-Frías utilizaba su imagen para generar confianza y persuadir a personas en Puerto Rico a compartir fotografías y videos de contenido sexual explícito.

Según la acusación, parte de ese material era grabado en secreto. Posteriormente, Díaz-Cuevas y otros presuntos cómplices utilizaban las imágenes para exigir dinero a las víctimas, amenazándolas con enviarlas a sus familiares, amistades y contactos en internet.

La investigación describe una operación que aprovechaba la exposición de información personal en las plataformas digitales para presionar a las personas afectadas y obtener beneficios económicos.

Las amenazas continuaban incluso después de los pagos

La Fiscalía federal sostiene que algunas víctimas llegaron a entregar el dinero exigido e incluso agotaron los fondos de sus cuentas bancarias para intentar evitar la difusión de sus imágenes.

Sin embargo, según las autoridades, en varias ocasiones los acusados habrían cumplido las amenazas y distribuido el contenido entre personas del entorno de las víctimas, pese a haber recibido los pagos.

En otros casos, la acusación señala que se elaboraban montajes fotográficos que combinaban imágenes íntimas de las víctimas con fotografías de menores, creando una apariencia falsa de participación en actividades sexuales con niños. Esta práctica presuntamente se utilizaba como otra forma de intimidación.

Las alegaciones forman parte del expediente presentado por las autoridades estadounidenses y deberán ser examinadas durante el proceso judicial.

El FBI investigó el caso

La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Puerto Rico, con la colaboración de organismos estadounidenses y dominicanos para localizar, detener y extraditar a los sospechosos.

El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, afirmó que el caso refleja el daño que pueden causar los delitos que se aprovechan del miedo y la vulnerabilidad de las víctimas.

Por su parte, Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, advirtió sobre las formas en que los delincuentes utilizan las herramientas digitales para identificar y explotar a sus víctimas.

¿Qué cargos enfrentan los dominicanos?

Almonte-Frías y Díaz-Cuevas están acusados de conspiración para cometer acoso cibernético y enviar amenazas interestatales, conforme a la legislación federal estadounidense.

Ambos comparecieron por primera vez ante un tribunal federal el 1 de octubre de 2026, ante el juez magistrado Marcos E. López, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.

Si son declarados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión. La sentencia, en caso de condena, correspondería al juez federal, tomando en cuenta las normas aplicables y las circunstancias del caso.

La acusación no equivale a una condena: los dos procesados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante los tribunales.

Qué hacer ante un caso de sextorsión

Las autoridades recomiendan a quienes reciban amenazas de difusión de imágenes íntimas que eviten enviar más dinero o material comprometedor, conserven las conversaciones, capturas de pantalla y datos de las cuentas involucradas, y denuncien el caso ante las autoridades competentes.

También es importante reforzar la privacidad de las cuentas digitales y evitar compartir códigos de acceso, contraseñas o información financiera con personas cuya identidad no haya sido verificada.

La sextorsión puede provocar consecuencias económicas y emocionales graves. La denuncia y la preservación de las pruebas pueden ayudar a las autoridades a investigar estos delitos y a identificar a sus responsables.