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La organización es investigada por introducir cocaína en Europa y lavar dinero mediante inversiones inmobiliarias en villas de lujo. Punta Cana, La Altagracia.– Un ciudadano español identificado como Jonathan Yera Pozo, de 41 años, fue arrestado en Punta Cana durante una operación internacional contra una red dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de […]
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La organización es investigada por introducir cocaína en Europa y lavar dinero mediante inversiones inmobiliarias en villas de lujo.

Punta Cana, La Altagracia.– Un ciudadano español identificado como Jonathan Yera Pozo, de 41 años, fue arrestado en Punta Cana durante una operación internacional contra una red dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos, que presuntamente utilizaba inversiones inmobiliarias de lujo en España para ocultar ganancias ilícitas.

El arresto fue realizado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo de organismos de Estados Unidos y Europa, en respuesta a una solicitud de extradición de las autoridades españolas.

Según las autoridades, Yera Pozo es señalado como uno de los principales responsables de la estructura criminal y permanece bajo custodia mientras avanzan los procedimientos judiciales para su posible entrega a España.

Una red con operaciones en varios países

La operación, denominada Fast Lap, incluyó actuaciones simultáneas en República Dominicana y distintas provincias españolas, con la participación de la Policía Nacional de España, la Guardia Civil y Europol, entre otros organismos.

Las autoridades españolas informaron que fueron detenidas 27 personas en ese país y una en República Dominicana. La organización es investigada por presunta pertenencia a una estructura criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó en septiembre de 2023, a partir del análisis de comunicaciones en plataformas encriptadas. Las pesquisas permitieron identificar a presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso conjunto superior a 1,500 kilogramos.

De acuerdo con los investigadores, la red utilizaba contenedores marítimos para trasladar cocaína desde Colombia y Panamá hacia Europa y abastecer a organizaciones criminales asentadas en España.

Villas de lujo para ocultar el dinero

Uno de los elementos centrales de la investigación es el presunto uso de empresas inmobiliarias para introducir en la economía legal el dinero procedente del narcotráfico.

Según la Policía española y la Guardia Civil, los investigados invertían en promociones inmobiliarias, urbanizaciones y viviendas de lujo, especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid. Las sociedades comerciales habrían servido para ocultar quiénes eran los verdaderos propietarios de los inmuebles.

Las autoridades también sostienen que la estructura comenzó a ofrecer servicios de blanqueo a otras organizaciones criminales, además de manejar las ganancias de sus propias operaciones de narcotráfico.

Vehículos, armas y millones en activos incautados

Durante los registros realizados en España y República Dominicana, las autoridades ocuparon 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, incluida un arma de guerra.

También reportaron la incautación de más de 270,000 euros en efectivo, además de otras cantidades en dólares y dírhams de Emiratos Árabes Unidos. A esto se suma el bloqueo de más de 1.3 millones de USDT en criptoactivos.

En el ámbito patrimonial, fueron bloqueados numerosos bienes vinculados a los investigados, incluidos inmuebles y vehículos. Las medidas buscan impedir que esos activos sean transferidos mientras continúa el proceso judicial.

Continúa el proceso de extradición

El arresto de Yera Pozo en Punta Cana forma parte de la cooperación entre las autoridades dominicanas y los organismos internacionales que investigan la estructura.

El detenido es requerido por la justicia española y deberá enfrentar los procedimientos correspondientes para determinar su entrega a ese país. Las autoridades españolas informaron, además, que la investigación continúa abierta y que existen cinco órdenes internacionales de detención pendientes de ejecución.

Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y no constituyen por sí mismas una condena contra las personas detenidas.

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